La recaudación tributaria viene creciendo exponencialmente desde el año 2003. En ese año se vieron los efectos de ley 61 de 2002 que nos gravó el ITBMS a los servicios.

Los años posteriores a la reforma de 2002, eran momentos en los que se debió mejorar la recaudación para evitar subir impuestos. Esto es sinómino de mayor número de auditorías, fiscalizaciones, cobranzas masivas, facilidades para el pago, y programas de orientación fiscal al contribuyente. Como el beisbolista que tiene que rendir en la cancha, la DGI debió entrenar todos los días para su labor de cobranza, flexionar el músculo tributario y entrenarse duro para que resistiera a las exigencias de su trabajo.

En lugar de hacer esto, la administración que tomó el cargo en ese momento botó a todo el personal nombrado en la época de Mireya Moscoco mediante el decreto 90 de 2004. De esta forma se mató la posibilidad de flexionar el músculo tributario y no quedó otro remedio que reemplazar el esfuerzo por suplementos metabólicos que llegaron con la ley 6 de 2005. Esta ley, aunque nominalmente no aumentó la tarifa del ISR, sí le puso esteroides a este impuesto agregándole el CAIR y la retención a todo pago a no domiciliados.

Pese a tímidos esfuerzos de recaudación (una tal unidad de fiscalización masiva), los ingresos siguieron subiendo porque la economía también lo hacía. Así, nuestra tributación se hacía más grande, no por haber crecido sino por haber engordado. Fue en ese momento en que las cifras de número de auditorías dejaron de publicarse en las memorias del MEF y se llegó al punto que una directora de la DGI de ese tiempo llegó a decir que no se necesitaban auditorías porque las computadoras lo hacían todo. De esta forma, nadie se esforzó en cobrar porque unas computadoras tenían esa misión.

El crecimiento económico y el limitado gasto en obras públicas hizo que a ese gobierno le sobrara la recaudación no por cobrar más sino por subir impuestos y gastar poco.

Algo no debió andar bien cuando en 2009 la Administración Martinelli decide, en lugar de cobrar eficientemente, subir los impuestos. El ambicioso plan de obra pública de Martinelli contrastaba con las pocas construcciones de su antecesor. Es ahí cuando llega la ley 49 de 2009 como el azúcar que le dan al boxeador que está por tirar la toalla para que dure un asalto más. Ahí se dió una moratoria, se aumentó la tasa única, se aumentó el impuesto de aviso de operación y se gravó con ITBMS a las comisiones bancarias.

¿Cobró mejor el entonces nuevo director de ingresos? ¿Realizó más auditorías? ¿Fiscalizó más? ¿Aumentó el número de auditores? ¿Implementó planes de cobranza masiva? ¿Abrió nuevas oficinas de cobros? ¿Facilitó la cobranza? La respuesta a todo esto es no. Cual gerente nuevo que hace baratillo la caja registradora tuvo más ingresos porque se hicieron rebajas en una nueva moratoria y no porque se activara la fuerza de venta.

Para ese tiempo, según datos publicados por el CIAT, el número de auditorías ni siquiera llegaba a ser comparado con las que se hacían 20 años atrás (ver noticia).

El entrenamiento no llegaba y la terapia duró poco. Así se dió otro estímulo a la recaudación. Esta fue la ley 8 de 2010. Esta ley trajo el aumento a 7% del ITBMS, el máximo de costos y gastos deducible (MCGD), el AMIR y se aumentó el ISC.

La recaudación subía no por tener una recaudación eficiente sino porque la economía crecía y porque el suplemento metabólico de la ley 8 le daba al beisbolista el promedio de bateo que no lograba con un apropiado entrenamiento. Es fácil tener buen promedio de bateo cuando los anabólicos hacen el trabajo que el entrenamiento no hace.

Pero llegó el 2012 y el beisbolista no podía mantener el ritmo por lo que tuvieron que darle otro fármaco en la ley 52 que volvía a establecer las estimadas eliminando el AMIR.

Con este suplemento metabólico el beisbolista lograba ver el rendimiento de ese año (AMIR) y el del año siguiente (estimadas) en una sóla dósis. Con este plumazo, el índice de bateo del año siguente y del año actual se sumaron para crear la ilusión de un super cobro tributario. Otro suplemento lo recibe el atleta con una segunda moratoria que lo alimentó en el 2013.

El beisbolista nunca entrenaba pero las exigencias físicas eran rigurosas para el 2013. En ese año, por primera vez, el bateador no podía llegar al ritmo de crecimiento del PIB (vea noticia). Por eso, en ese año se le iban a dar dos nuevos suplementos metabólicos. El primero en la ley que cambiaba el régimen de renta territorial a un raro régimen de gravamen mundial (ver noticia). El segundo suplemento estuvo en el cobro de más impuesto de inmueble mediante la ley de re-avalúos que fue suspendida.

El bateador que nunca entrenaba esta vez no tuvo fármacos y por eso no rindió lo que se esperaba de él. Así las cosas se llegó al 2014 con un escualido crecimiento que ni siquiera llegaba al 1% de recaudación tributaria a marzo comparado con el mismo periodo del año anterior. (ver noticia). El hueco que deja no haber dado anabólicos al atleta suma 200 millones al primer trimestre de este año (vea noticia)

La ANIP/DGI es como una atleta cuya fuente de poder también es la fuente de su debilidad. Un slugger que lograba buen promedio de bateo por los anabólicos que le inyecataban y no por su entrenamiento constante. Hoy ese atleta sufre las consecuencias de no entrenar y de no recibir anabólicos. ¿Qué hará la nueva administración con ese atleta? ¿Le inyectará otro sumplemento metabólico o lo pondrá a sudar para recuperar la forma?

Esa es la encrucijada en la que está la administración que se instalará en Julio de 2014. El reto es grande porque esto no es jugar beisbol amateur. Estas son las grandes ligas y necesitamos a un profesional en ese puesto, quizá a un jonronero que se dope menos y se entrene más.

(Lea editorial anterior).